Si el pasado domingo el Gobierno español expulsaba a un barco cazatesoros de aguas andaluzas, hoy, el Tribunal Internacional del Mar ha dictado sentencia desestimatoria para España de los 23 millones de euros que se le reclamaban, por el caso del "Louisa". Este buque, bajo bandera de San Vicente y las Granadinas fue abordado en 2006 en el Puerto de Santa María (Cádiz) por la Guardia Civil, por expoliar el patrimonio submarino, mientras se hacía pasar por un barco que buscaba yacimientos energéticos con permisos en regla para tal fin.
El Tribunal Internacional del Mar, con sede en Hamburgo (Alemania) vigila el cumplimiento de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar. Este tribunal, ha determinado que no tiene jurisdicción para entrar en la disputa planteada por el estado caribeño, contra España. En su demanda, San Vicente y las Granadinas acusaba a España de haber abordado ilegalmente al 'Louisa' el 1 de febrero de 2006 cuando el barco estaba en el muelle de El Puerto de Santa María, y de haber detenido ilegalmente y quebrantado los derechos humanos de las tres personas que en ese momento estaban en la nave. Reclamando así mismo una indemnización por los perjuicios ocasionados tanto para el barco como para sus propietarios por el lucro cesante ante la imposibilidad de atender su trabajo profesional.
La Policía española, encontró en el "Louisa", varias piezas recuperadas presuntamente del mar, como balas de cañón y restos de una tinaja, cinco rifles de asalto y una pistola. El "Louisa", propiedad de dos corporaciones de Texas (EEUU), que estaba en aguas españolas con permiso del Ministerio de Medio Ambiente haciendo investigaciones sobre yacimientos de gas y petróleo en el subsuelo marino, pero, tras esta operación, fue acusado por España de expoliar el patrimonio histórico subacuático y de posesión de armas de guerra en territorio español.
Este dictamen, es fruto de la denuncia que en 2010 el país en el que estaba abanderado el barco, San Vicente y las Granadinas, presentó ante el Tribunal Internacional del Mar, que hoy ha rechazado las peticiones de indemnización del estado caribeño y determinado que cada uno de ellos pague los respectivos gastos que han tenido en el proceso, cifrados en unos 385.000 euros por la parte española y 500.000 euros el reclamante.
Proceso judicial en España
Durante la intervención del barco, fueron detenidos dos tripulantes de nacionalidad húngara y una mujer americana, hija de uno de los responsables del barco, y días después el capitán del barco fue arrestado en Portugal. El proceso judicial en España denominado "Bahia II" ha llevado a imputar a unas diecisiete personas, entre ellas el conocido experto en naufragios Claudio Bonifacio, que supuestamente fue contratado como asesor por la compañía estadounidense que supuestamente buscaba tesoros, en lugar de yacimientos de gas y petróleo.
Fuente: Arqueothelassa
No hay comentarios:
Publicar un comentario