Más de 150 obras de arte robadas están en la base de datos de la PDI en la sección Se Busca. En el listado figuran cuadros de Roberto Matta, reliquias religiosas, joyas ancestrales y esculturas de valor incalculable. Esta situación preocupa a las autoridades nacionales: quieren evitar que Chile entre al complejo circuito mundial del robo de arte, el cual ya movería a nivel mundial US$ 7.000 millones al año.
A orillas de la carretera que marca el cruce entre Curacaví y María Pinto hay poco movimiento. Sólo se divisan un par de obreros que reparan el camino. Metros más allá, está la casa del agricultor Luis Montero Valenzuela.
No es fácil divisarla desde la carretera y para llegar a ella hace falta recorrer un camino de tierra que lleva a un portón de latón rojo, donde cuelga un cartel que anuncia: “Fundo Lolenco”. Luego de atravesar un segundo portón de madera, se puede observar la vieja casona. “Acá vivió mi bisabuelo, mi abuelo, mi mamá, mis hermanos y hasta hace un año y medio era nuestro refugio familiar”, dice Montero, mientras se excusa por el estado del inmueble, que evidencia signos de abandono.
A la casa se accede por una cocina enorme, y para entrar en cada habitación es necesario correr las trancas que afirman su entrada. Luis abre otra puerta, que da a una galería oscura. Es difícil distinguir lo que hay dentro. Enciende la luz y se ven grandes habitaciones de techos altos y suelo de madera. Aparecen candelabros, crucifijos colgados en la pared y retratos, todos antiguos, de otra época. Pero falta algo: al final de la galería un inmenso marco está en el suelo, apoyado contra la pared. Está vacío y a Luis le molesta recordar lo que pasó con el retrato de su bisabuelo.
“Se lo robaron, lo sacaron de cuajo, también el retrato de mi bisabuela, las lámparas, estatuas, candelabros, se llevaron hasta los espejos”, rememora el dueño de la casa, que hasta antes de agosto del 2011 era un pequeño museo escondido a las afueras de Curacaví, adornado con obras de pintores clásicos chilenos, como Marcial Plaza Ferrand, y muebles que habrían pertenecido a José Miguel Carrera. No había allí ni joyas ni dinero; sólo arte.
Pese a que este episodio podría ser un hecho aislado, el de la familia Montero es uno de los más de 150 casos que son parte de un delito que se está haciendo cada vez más frecuente en Chile: el robo de obras de arte. Por eso, la práctica ya despertó la alerta de las autoridades, las que decidieron organizarse para evitar que el país entre al mercado negro de tráfico de bienes culturales de alto valor patrimonial, circuito que a nivel mundial -según estimaciones informales- mueve unos US$ 7.000 millones anuales.
El nuevo malo de la película. Pese a que Chile tiene una riqueza cultural importante, el mercado en torno a ella no es muy grande. Por lo mismo, el robo de obras de arte es un delito relativamente nuevo. Así lo explica el subprefecto de la PDI Richard Oliva, quien reconoce que la investigación de estos hechos se ha aprendido en la práctica
Recién en 2002, la PDI estableció la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medioambiente y Patrimonio Cultural, que originalmente nació en el año 1994 con el fin de defender atentados contra el ecosistema y que a raíz de la necesidad amplió su quehacer a este ámbito cultural. Las primeras luces surgieron hace 12 años en Arica. “Fue el caso de un pescador de la región que se llevó de una zona arqueológica más de 1.600 piezas. Ese episodio encendió las alarmas”, dice Oliva.
Desde entonces, los casos se han multiplicado. Sólo entre 2010 y el primer semestre de 2012, la PDI ha recobrado más de 19 mil piezas de valor patrimonial. Asimismo, en su página web la sección Se Busca dedica un apartado especial para publicar obras robadas, donde se cuentan más de 150 artículos, entre ellos cuadros, esculturas y joyas ancestrales.
La misma “juventud” del delito implica que el marco legal para perseguirlo sea vago. Hoy, Chile se rige por tres regulaciones que se invocan en estos ilícitos. La primera, la Ley 17.288 que legisla sobre monumentos nacionales y establece penas y multas a quien cause daños a ellos. Se suma la Ley 19.253 sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas; y la Ley 17.236 sobre la Exportación de Obras de Arte, que data de 1969.
Pero ninguna de ellas es lo suficientemente específica. Así lo reconoce el fiscal de Curacaví Cristián Cáceres, quien investiga el caso del robo a los Montero. “Primero se debe contar con el respaldo de esas obras, una especie de inventario de los dueños, ya que no hay registro público. Además, en el caso de Curacaví se invocará el delito de receptación -recepción y posesión de especies robadas-, pues no hay una ley especial que penalice el robo de cuadros con valor cultural, sino que el castigo se relaciona con el valor monetario”, explica.
El subprefecto Oliva agrega que los casos de envergadura son cada vez más comunes, lo que hace necesaria una especialización en la materia. Así, al robo de Arica se suman episodios como la sustracción, en 2006, desde el mall Plaza Norte de los cuadros Coquetería, de Alfredo Valenzuela Puelma, y Retrato de la hija del General Bulnes, de Pedro Lira, los cuales fueron recuperados en un domicilio en Recoleta; y la desaparición, en 2008, de 29 manuscritos de Claudio Gay del Archivo Nacional, de los cuales ya aparecieron 28.
Pese a la gravedad de los hechos, las penas para estos delitos en Chile son bajísimas: entre 61 días y cinco años. Por eso, es complejo para las autoridades amedrentar a los delincuentes. “Las sanciones para los delitos contra el patrimonio monumental pueden considerarse bajas, incluso después de la reforma que se llevó a cabo en 2005”, reconoce Emilio de la Cerda, secretario ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales. La falta de mano dura quedó en evidencia en el caso que afectó al coleccionista de arte Juan Pablo Montero Lira en 2009. Desde su casa de Las Condes se llevaron 36 cuadros de pintura chilena, avaluados en más de $ 150 millones. Ahí estaba la obra Danzarines de La Tirana de Roberto Matta, pintura que aún no ha sido encontrada. “Se recuperó como un tercio de las obras y se detuvo a unos sujetos, pero los liberaron al otro día. Como no había más pistas, la investigación se cerró”, recuerda el coleccionista, quien sospecha que algunos de sus cuadros pueden haber sido sacados del país.
El contagio. Las autoridades locales ya están actuando de manera organizada para evitar que Chile se convierta en un foco de interés para el mercado negro del arte. Y, al otro lado del mundo, específicamente en las oficinas de la Unesco en París, el tema preocupa.
Edouard Planche, de la División de Objetos Culturales y Patrimonio Inmaterial de esa entidad, estuvo hace dos meses en Chile en un seminario organizado por la Dibam, donde se discutió el alcance de este delito. “Chile no está ajeno a ser parte de un concierto mundial de robos culturales que ha desarrollado un interés por América Latina. Todos los países que forman parte de la cultura precolombina son el foco de redes organizadas de tráfico de objetos. Por ejemplo, desde Perú, Colombia y México se llevan obras hasta Dubái, que sirve de plataforma para muchas transacciones”, explica el profesional.
Para evitarlo, Chile se unió a una base de datos mundial de la Interpol conocida como Criminal Data Access Management System. Ésta permite ver en línea, y durante las 24 horas, un catálogo de obras robadas en todo el mundo. Con todo, esta red aún no logra la efectividad esperada: según la Unesco, sólo en torno al 10% de las obras son recuperadas con la ayuda de este sistema. Por eso, a juicio de Planche, además de ser parte de esta red, es urgente que Chile suscriba la Convención de 1970 de la Unesco que busca coordinar la lucha contra el tráfico de bienes culturales, y de la cual ya son parte 122 países.
“Esperamos que el Ejecutivo impulse esta incorporación y que sea acogida por el Parlamento. Por nuestra parte, a mediados del año pasado se conformó una mesa de trabajo con todos los organismos culturales para que logremos una coordinación en la materia”, añade Magdalena Krebs, directora de la Dibam.
Pistas esquivas. El robo a la casa de Montero en Curacaví prácticamente no dejó pistas. Eso hasta que hace un par de meses el afectado encontró un rastro que cambió la dirección de las pesquisas. “Estaba leyendo un suplemento de decoración y veo a la venta el retrato de mi abuelo Luis Montero, que pintó Marcial Plaza Ferrand”, exclama el afectado.
El óleo era ofrecido por un anticuario en el centro comercial Lo Castillo por la suma de $1.400.000. El dueño del establecimiento no pudo comprobar el origen de la obra, pero tampoco dio pistas de la identidad de quien se la vendió. Tiempo después, la mujer de Montero encontró un aviso en internet, el mismo que se transformó en la pista que le hacía falta a la policía para armar parte de este puzzle: “Vendo retrato de mujer pintado por Plaza Ferrand $ 500.000”, decía el sitio web. Un agente encubierto se contactó con el vendedor, quien lo citó en un edificio aledaño al Parque Forestal y donde se comprobó que estaba la pintura robada. Minutos más tarde un equipo del OS9, encabezado por Cáceres, allanó el departamento. “Era un lugar rarísimo, donde no sólo estaba este cuadro sino que decenas de otras pinturas”, recuerda el fiscal.
La vivienda pertenecía Jerónimo Deichler, asesor jurídico de la Municipalidad de Maipú, quien sería parte de una organización que movió estas pinturas por las manos de al menos cuatro reducidores. Pese a que ya existe un imputado, aún falta mucho por determinar en esta causa, ya que de acuerdo a la tesis de la fiscalía, éste puede haber sido un robo casual o bien el encargo de algún circuito especializado.
La complejidad con la que se encuentra Cáceres en este caso es un ejemplo de los obstáculos con los que tropiezan las policías en estas indagaciones. Pero, además, estos delitos conllevan una dificultad extra: no existe un perfil definido entre los que los cometen. Por lo mismo, estos episodios “se registran en museos, casas particulares y hasta en plazas públicas”, agrega el fiscal Cáceres.
Así, mientras el caso de Curacaví trata de reunir pistas que sirvan de base para futuras investigaciones, los organismos estatales realizan esfuerzos para que los ciudadanos comprendan el valor del patrimonio y eviten comprar obras de origen desconocido. “No son ilícitos que se cometan desde ayer, pero recién la gente está dándoles importancia: esto no sólo tiene un valor monetario sino que además un costo para el país”, concluye Krebs.
Fuente: Que pasa
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