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jueves, 23 de agosto de 2012

“Los cazatesoros norteamericanos viven de la destrucción del patrimonio histórico español”


José María Lancho, abogado que intervino en el caso Odyssey, asegura que la pasividad española en asuntos de patrimonio histórico es insostenible.


José María Lancho comenta el caso del buque 'San Miguel Arcángel', sobre cuyo posible expolio alertó LA GACETA el sábado 18 (entrevista publicada el 19).
José María Lancho, abogado

“Los cazatesoros norteamericanos viven de la destrucción del patrimonio histórico español”

“La Armada y la sociedad civil han sido factores decisivos frente a Odyssey”

 “España debe exigir que Odyssey pague las costas del juicio”

 “La protección del patrimonio que aplica España se ha quedado obsoleta”

El abogado José María Lancho (Madrid, 1970), es presidente de Hispalinux e intervino en el caso 'Odyssey'. En el caso del buque 'San Miguel Arcángel', sobre cuyo posible expolio alertó ayer LA GACETA, asegura que la pasividad española en asuntos de patrimonio histórico es insostenible.

-¿Por qué España no toma cartas en el asunto?

-El Juzgado americano acordó el arresto de los restos del San Miguel Arcangel el 6 de agosto de este año. Me temo que no estamos haciendo los deberes a tiempo y que el caso Odyssey, a pesar de los costos y los riesgos que se asumieron, no ha sido el punto de partida de una estrategia nueva, que evite personarnos en procedimentos civiles cada vez que un cazatesoros decide expoliar un yacimiento arqueológico hispánico. Esos comportamientos son encauzables desde una perspectiva penal.

-Sin embargo el caso Odyssey se ha ganado.

 -Ha sido una victoria a posteriori, cuando el daño irreversible al yacimiento ya se había hecho. El comportamiento actual de España en el caso Odyssey es incomprensible y puede dar lugar a graves malentendidos: la exigencia del pago de las costas a la empresa cazatesoros se ha interrumpido a falta de mayores exigencias españolas y también se ha frenado el procedimiento penal contra Odyssey en La Linea de la Concepción. Parece que hay una mano política jugando a dejar más en entredicho a la justicia española.

-¿Cómo va ese procedimiento en La Línea de la Concepción?

 -Podría ser un punto de inflexión fundamental en la lucha contra los cazatesoros, no sólo de Europa, sino respecto al patrimonio histórico español sumergido en aguas internacionales.

Incomprensiblemente, hay quien está decidido a que el procedimiento se frustre.

-¿Tiene España una estrategia internacional?

 -La estrategia española sobre el patrimonio sumergido consiste en no hacer nada ni permitir que se haga nada, y ese principio es insostenible. El caso Odyssey es sólo la punta del iceberg, ha habido muchísimos casos antes, los sigue habiendo y la industria cazatesoros norteamericana se alimenta básicamente de patrimonio histórico hispánico. Ya es hora de parar el expolio en Estados Unidos y de formalizar vías que permitan derivar a la jurisdicción criminal de ese país este tipo de comportamientos.

-¿Qué falla en la protección del patrimonio?

 -El caso Odyssey ha puesto de manifiesto que los sistemas de protección aplicados en España en los últimos años son obsoletos. Ni siquiera se han identificado los yacimientos vinculados con la hispanidad en el mundo cuyo estado es crítico; no hay resultados científicos significativos en los entes públicos que monopolizan la actividad; falta coordinación en la gestión arqueológica; no existe una industria específica de investigación subacuática...

-¿La iniciativa privada puede preservar el patrimonio?

 -La sociedad civil, la iniciativa privada, fue fundamental en el juicio contra Odyssey. La prensa es iniciativa privada, como la investigación y el mecenazgo. Cada vez tengo más claro que sin sociedad civil el caso Odyssey habría acabado de… otra manera.

-¿Qué pasos podrían darse para fomentar esas iniciativas?

 -El Plan Nacional de Arqueología debería ser modificado para atraer capital y crear un sector empresarial arqueológico, sin cazatesoros. Esta industria existe en Suecia o Francia. Se trata de crear empleo en un sector capaz de traer inversión además de mecenazgo. Pero en España falta seguridad jurídica para el sector privado y transparencia en el sector público.


Fuente: Intereconomía