Este jueves la prensa dio la buena noticia a la feligresía del de Bracho,
perteneciente a la Parroquia de nuestro Padre Jesús, que la sagrada imagen del
Divino Preso que fue robada en marzo de la sacristía, fue recuperada en la
cabecera municipal de Ojocaliente. El pasado 27 de marzo se informó a los medios
de comunicación así como a las autoridades que el Divino Preso, había sido
robado de la sacristía del templo, los ladrones violentaron la puerta del lugar
durante la noche. Se menciono que la sagrada imagen tenía más de 100
años.
El Santo Cristo de la Columna o imagen del Divino Preso, también conocido como el "ecce homo" el cual participaba cada año en la Procesión del Silencio y que este año no pudo estar presente en la última edición. La escultura mide alrededor de un metro y está tallada en madera con aplicaciones de yeso y pintura, data del año 1900 y fue elaborada por un fraile franciscano. La imagen es venerada en la capilla de Bracho por devotos de las morismas y cofradía e igualmente por personas dedicadas a la minería. Se espera su pronto regreso a su lugar.
Este hecho que afortunadamente termina bien para la feligresía de Bracho es uno más de una cadena de eventos que tienen que ver con una industria que a lo largo del país y del mundo dejan importantes ganancias para los miembros del crimen organizado y fuertes pérdidas para las comunidades religiosas. Ya que para una comunidad devota no es el valor monetario lo que importa, sino la tradición y la fe que se tiene en la pieza robada.
Esa laxitud en la legislación mexicana que permite que el robo de arte sacro se convirtiera en la segunda actividad delictiva con mayores ganancias en el territorio nacional, después del narcotráfico, pues solamente en el sexenio de Vicente Fox, según el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), se registró la pérdida de 964 objetos religiosos extraídos de un universo de 19 mil edificios sacros, de los cuales se recuperaron 190 sin contar las 10 mil 485 piezas prehispánicas sustraídas de los casi 35 mil sitios arqueológicos nacionales. La Procuraduría General de la República (PGR) informó que en el mismo lapso de tiempo se iniciaron 192 averiguaciones previas sobre el tema de las cuales se resolvieron 175, y se estima que sólo el 10 por ciento de las piezas robadas son recuperadas.
Según la restauradora alservicio del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, Gabriela García Lascurain, quien abordó el tema en el 2007, la protección legal mexicana sobre las piezas prehispánicas es mucho mayor a la que recibe el arte sacro, pues este último tiene menores restricciones para convertirse en simple mercancía cuando llega a las manos de coleccionistas privados o dueños de galerías, pues no existe la obligación de reportar la fecha de la compra-venta, las características de la pieza o de revisar sus antecedentes para verificar que no se trate de un artículo robado, pues simplemente no existe un catálogo completo sobre el arte sacro mexicano con el que se pueda hacer una comparación.
Sin embargo, constan ya esfuerzos por completar un catálogo de esa naturaleza por parte de ese instituto universitario, el INAH y la Dirección General de Sitios y Monumentos dependiente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA), y aunque el INAH ya anunció que es posible consultar vía electrónica los avances del recuento. Para el Director del Departamento de Arte Sacro del Episcopado Mexicano, hay también otras variantes que impulsan el robo de arte religioso y que se refiere a la ignorancia del Poder Judicial para atender este tipo de delitos, junto a la negativa de los feligreses para catalogar las obras por temor a disminuir su valor sacro. Este Departamento de Arte informó que las rutas para sacar el arte sacro del país son las mismas que siguen los narcotraficantes para materializar sus propios delitos, al tiempo en que "fieles y sacerdotes consideran un riesgo etiquetar esas obras bajo el criterio de arte, pues creen que pierden su dignidad sobrenatural y se reducen a un campo meramente humano", lo que podría incrementar la voracidad gubernamental y empujar al decomiso de las obras al considerarlas monetariamente valiosas.
El papel de la Iglesia en este fenómeno, aseguró, es la de ejercer el resguardo del arte sacro, pues legalmente la propietaria de las piezas religiosas con valor artístico es la nación, por lo que al gobierno le corresponde la elaboración de los inventarios y el mantenimiento de las piezas, así como garantizar su seguridad; sin embargo, el evidente retraso en el accionar gubernamental se refleja principalmente en que el proceso de sustitución de párrocos en el país no contempla la elaboración de un acta de entrega-recepción sobre el arte que contiene un inmueble religioso, mientras que los agentes aduanales que pueden estar en contacto con una pieza robada al momento de su exportación, no están capacitados para distinguirla.
Pero esas deficiencias legales no son suficientes hasta ahora para motivar la modificación del sistema mexicano en materia de protección al arte sacro, pues sólo se tienen contabilizadas cuatro acciones tendientes a garantizar su resguardo. La primera de ellas se refiere a la elaboración de catálogos, aunque pierden su eficacia cuando no son de acceso público, como en el caso del que elabora el INAH, junto a otros que surgen por iniciativas locales, como en Michoacán que por conducto del Museo de Arte Colonial, en Morelia, mantiene en proceso el inventario sobre su propio acervo.
Dos acciones más son de índole legislativo y las dos se refieren a propuestas de modificación a las leyes vigentes. La primera de ellas surgió el 30 de octubre de 2008, cuando la senadora Martha Leticia Sosa Govea, del PAN, propuso la creación del Registro Nacional de Arte Sacro ante la Cámara Alta, como una adición a la Ley General de Bienes Nacionales, donde se ordena a la Secretaría de Educación Pública levantar un censo sobre las piezas resguardadas en los edificios de carácter religioso.
La misma propuesta reconoce que "los organismos policiales de nuestro país no tienen el conocimiento ni la suficiente información sobre arte sacro, lo que complica más las investigaciones para la detección y consignación de los responsables, así como la devolución de las piezas sustraídas"; sin embargo, se encargó al INAH la elaboración de ese catálogo, lo que derivó en que no se supiera más del asunto.
La segunda iniciativa surgió en el Congreso de la Unión el 23 de abril de 2009, por conducto del priísta Gerardo Octavio Vargas Landeros, quien llamó a adicionar el Código Penal Federal para elevar las penas "de cinco a 20 años de prisión y multa de 100 a 25 mil días de salario mínimo" a quien sustraiga arte sacro.
La última de las cuatro acciones parece ser la de más relevancia y fue la que surgió en el estado de Oaxaca, cuando la arquidiócesis de esa entidad emplazó al gobierno federal a reforzar los sistemas de seguridad en las iglesias o enfrentarse a presiones del Estado Vaticano por la vía diplomática. El apoderado legal de la arquidiócesis oaxaqueña, Francisco Wilfredo Mayrén, quien se destacó también por exigir el respeto a los derechos humanos de los militantes de la Asociación Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), fue quien anunció el cierre temporal de las iglesias de ese estado si la federación no mejoraba la protección a los objetos de culto y artísticos que contienen, antes de amenazar con recurrir al Vaticano para utilizar la vía diplomática contra México. Del gran total de ataques que sufren los templos, se tienen varias categorías: el que tiene que ver con el interés económico, el que tiene que ver con robo hormiga (algún ciudadano que se roba la canasta de las limosnas o utensilios con cierto valor) y el que se hace por simple ataque religioso. El 42 por ciento de ellos tienen que ver con el crimen organizados. Es decir, semanalmente se atacan once templos para lucrar con piezas de arte sacro.
Aunque se cree que el mercado natural para estas piezas es el internacional. En febrero del año pasado se recuperaron dos piezas del siglo XVII en la galería de arte Casa Terranova, en el Centro Histórico de Tlaquepaque, cada una se ofrecía al público a un precio de 35 mil dólares. Mientras que el 11 de septiembre del mismo año, en una finca de la colonia Jardines del Bosque, se recuperó una pieza que había sido robada en 2009 de una iglesia en el municipio de contra de Juan Cuamatzi, en Tlaxcala.
Según las investigaciones policiales, una de las razones que apuntan al incremento del tráfico de arte sacro tiene que ver con el lavado de dinero. Al tener agentes aduanales poco o nulamente preparados para identificar este tipo de piezas, se les puede sacar del país fácilmente. Además, hasta ahora no se tiene un inventario que contenga el patrimonio que tiene el país en este rubro.
Como ya se dijo, afortunadamente, esta importante pieza para los Zacatecanos regresará a su lugar, sin embargo la sociedad civil en conjunto con autoridades eclesiásticas y áreas gubernamentales debemos de coordinarnos para cerrar el cerco y evitar que este tipo de hechos se siga dando.
En la Dirección de Asuntos Religiosos del Gobierno del Estado de Zacatecas, contamos con un proyecto que busca capacitar a los miembros de las Iglesias de nuestra entidad a crear un catálogo que ayude a identificar y tener un registro que permita a las autoridades judiciales recuperar las piezas sustraídas de sus templos y con esto evitar que sean un botín de fácil obtención, así como la implementación de la guía de interna de proteccion civil en bienes.
Fuente: El Sol de Zacatecas
El Santo Cristo de la Columna o imagen del Divino Preso, también conocido como el "ecce homo" el cual participaba cada año en la Procesión del Silencio y que este año no pudo estar presente en la última edición. La escultura mide alrededor de un metro y está tallada en madera con aplicaciones de yeso y pintura, data del año 1900 y fue elaborada por un fraile franciscano. La imagen es venerada en la capilla de Bracho por devotos de las morismas y cofradía e igualmente por personas dedicadas a la minería. Se espera su pronto regreso a su lugar.
Este hecho que afortunadamente termina bien para la feligresía de Bracho es uno más de una cadena de eventos que tienen que ver con una industria que a lo largo del país y del mundo dejan importantes ganancias para los miembros del crimen organizado y fuertes pérdidas para las comunidades religiosas. Ya que para una comunidad devota no es el valor monetario lo que importa, sino la tradición y la fe que se tiene en la pieza robada.
Esa laxitud en la legislación mexicana que permite que el robo de arte sacro se convirtiera en la segunda actividad delictiva con mayores ganancias en el territorio nacional, después del narcotráfico, pues solamente en el sexenio de Vicente Fox, según el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), se registró la pérdida de 964 objetos religiosos extraídos de un universo de 19 mil edificios sacros, de los cuales se recuperaron 190 sin contar las 10 mil 485 piezas prehispánicas sustraídas de los casi 35 mil sitios arqueológicos nacionales. La Procuraduría General de la República (PGR) informó que en el mismo lapso de tiempo se iniciaron 192 averiguaciones previas sobre el tema de las cuales se resolvieron 175, y se estima que sólo el 10 por ciento de las piezas robadas son recuperadas.
Según la restauradora alservicio del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, Gabriela García Lascurain, quien abordó el tema en el 2007, la protección legal mexicana sobre las piezas prehispánicas es mucho mayor a la que recibe el arte sacro, pues este último tiene menores restricciones para convertirse en simple mercancía cuando llega a las manos de coleccionistas privados o dueños de galerías, pues no existe la obligación de reportar la fecha de la compra-venta, las características de la pieza o de revisar sus antecedentes para verificar que no se trate de un artículo robado, pues simplemente no existe un catálogo completo sobre el arte sacro mexicano con el que se pueda hacer una comparación.
Sin embargo, constan ya esfuerzos por completar un catálogo de esa naturaleza por parte de ese instituto universitario, el INAH y la Dirección General de Sitios y Monumentos dependiente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA), y aunque el INAH ya anunció que es posible consultar vía electrónica los avances del recuento. Para el Director del Departamento de Arte Sacro del Episcopado Mexicano, hay también otras variantes que impulsan el robo de arte religioso y que se refiere a la ignorancia del Poder Judicial para atender este tipo de delitos, junto a la negativa de los feligreses para catalogar las obras por temor a disminuir su valor sacro. Este Departamento de Arte informó que las rutas para sacar el arte sacro del país son las mismas que siguen los narcotraficantes para materializar sus propios delitos, al tiempo en que "fieles y sacerdotes consideran un riesgo etiquetar esas obras bajo el criterio de arte, pues creen que pierden su dignidad sobrenatural y se reducen a un campo meramente humano", lo que podría incrementar la voracidad gubernamental y empujar al decomiso de las obras al considerarlas monetariamente valiosas.
El papel de la Iglesia en este fenómeno, aseguró, es la de ejercer el resguardo del arte sacro, pues legalmente la propietaria de las piezas religiosas con valor artístico es la nación, por lo que al gobierno le corresponde la elaboración de los inventarios y el mantenimiento de las piezas, así como garantizar su seguridad; sin embargo, el evidente retraso en el accionar gubernamental se refleja principalmente en que el proceso de sustitución de párrocos en el país no contempla la elaboración de un acta de entrega-recepción sobre el arte que contiene un inmueble religioso, mientras que los agentes aduanales que pueden estar en contacto con una pieza robada al momento de su exportación, no están capacitados para distinguirla.
Pero esas deficiencias legales no son suficientes hasta ahora para motivar la modificación del sistema mexicano en materia de protección al arte sacro, pues sólo se tienen contabilizadas cuatro acciones tendientes a garantizar su resguardo. La primera de ellas se refiere a la elaboración de catálogos, aunque pierden su eficacia cuando no son de acceso público, como en el caso del que elabora el INAH, junto a otros que surgen por iniciativas locales, como en Michoacán que por conducto del Museo de Arte Colonial, en Morelia, mantiene en proceso el inventario sobre su propio acervo.
Dos acciones más son de índole legislativo y las dos se refieren a propuestas de modificación a las leyes vigentes. La primera de ellas surgió el 30 de octubre de 2008, cuando la senadora Martha Leticia Sosa Govea, del PAN, propuso la creación del Registro Nacional de Arte Sacro ante la Cámara Alta, como una adición a la Ley General de Bienes Nacionales, donde se ordena a la Secretaría de Educación Pública levantar un censo sobre las piezas resguardadas en los edificios de carácter religioso.
La misma propuesta reconoce que "los organismos policiales de nuestro país no tienen el conocimiento ni la suficiente información sobre arte sacro, lo que complica más las investigaciones para la detección y consignación de los responsables, así como la devolución de las piezas sustraídas"; sin embargo, se encargó al INAH la elaboración de ese catálogo, lo que derivó en que no se supiera más del asunto.
La segunda iniciativa surgió en el Congreso de la Unión el 23 de abril de 2009, por conducto del priísta Gerardo Octavio Vargas Landeros, quien llamó a adicionar el Código Penal Federal para elevar las penas "de cinco a 20 años de prisión y multa de 100 a 25 mil días de salario mínimo" a quien sustraiga arte sacro.
La última de las cuatro acciones parece ser la de más relevancia y fue la que surgió en el estado de Oaxaca, cuando la arquidiócesis de esa entidad emplazó al gobierno federal a reforzar los sistemas de seguridad en las iglesias o enfrentarse a presiones del Estado Vaticano por la vía diplomática. El apoderado legal de la arquidiócesis oaxaqueña, Francisco Wilfredo Mayrén, quien se destacó también por exigir el respeto a los derechos humanos de los militantes de la Asociación Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), fue quien anunció el cierre temporal de las iglesias de ese estado si la federación no mejoraba la protección a los objetos de culto y artísticos que contienen, antes de amenazar con recurrir al Vaticano para utilizar la vía diplomática contra México. Del gran total de ataques que sufren los templos, se tienen varias categorías: el que tiene que ver con el interés económico, el que tiene que ver con robo hormiga (algún ciudadano que se roba la canasta de las limosnas o utensilios con cierto valor) y el que se hace por simple ataque religioso. El 42 por ciento de ellos tienen que ver con el crimen organizados. Es decir, semanalmente se atacan once templos para lucrar con piezas de arte sacro.
Aunque se cree que el mercado natural para estas piezas es el internacional. En febrero del año pasado se recuperaron dos piezas del siglo XVII en la galería de arte Casa Terranova, en el Centro Histórico de Tlaquepaque, cada una se ofrecía al público a un precio de 35 mil dólares. Mientras que el 11 de septiembre del mismo año, en una finca de la colonia Jardines del Bosque, se recuperó una pieza que había sido robada en 2009 de una iglesia en el municipio de contra de Juan Cuamatzi, en Tlaxcala.
Según las investigaciones policiales, una de las razones que apuntan al incremento del tráfico de arte sacro tiene que ver con el lavado de dinero. Al tener agentes aduanales poco o nulamente preparados para identificar este tipo de piezas, se les puede sacar del país fácilmente. Además, hasta ahora no se tiene un inventario que contenga el patrimonio que tiene el país en este rubro.
Como ya se dijo, afortunadamente, esta importante pieza para los Zacatecanos regresará a su lugar, sin embargo la sociedad civil en conjunto con autoridades eclesiásticas y áreas gubernamentales debemos de coordinarnos para cerrar el cerco y evitar que este tipo de hechos se siga dando.
En la Dirección de Asuntos Religiosos del Gobierno del Estado de Zacatecas, contamos con un proyecto que busca capacitar a los miembros de las Iglesias de nuestra entidad a crear un catálogo que ayude a identificar y tener un registro que permita a las autoridades judiciales recuperar las piezas sustraídas de sus templos y con esto evitar que sean un botín de fácil obtención, así como la implementación de la guía de interna de proteccion civil en bienes.
Fuente: El Sol de Zacatecas
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