El acusado se ofreció a pagar los daños antes de la instrucción judicial
Cuando en 1829 Washington Irving ideó implantar en la Alhambra un libro de firmas trataba de evitar hechos como el que ha protagonizado un militar jordano. Llegó a España como parte de una delegación que su país envió para adquirir un avión militar. Con ese cometido se desplazó a Sevilla, pero aprovechó los días en Andalucía para visitar el conjunto monumental granadino. A mediados de agosto llegó a la Alhambra y quiso dejar constancia de su paso grabando su nombre en un muro del Palacio de Carlos V. Lo pillaron y ahora está imputado por un delito contra el patrimonio histórico cuyas penas oscilan entre uno y tres años de cárcel y una multa que va de los 12 a los 24 meses.
Ya en el siglo XIX causó estupor a Irving la obsesión de los viajeros por plasmar su firma en el monumento. De ahí, y con la intención de eliminar esta mala costumbre, el regalo que hizo a la Alhambra el propio escritor: un ejemplar encuadernado en piel verde que se guarda en los archivos. Con su firma lo inauguró y luego dejaron huella de su paso otros visitantes en ese y en sucesivos libros. Antes firmaban todos los viajeros pero ese derecho queda reservado ya a puntuales personalidades por razones obvias del turismo de masas. No obstante, esa decisión y la vigilancia posterior erradicaron casi totalmente la manía de dejar constancia de las visitas en los muros, aunque aún hay casos como el de este militar que acudió como turista y decidió grabar con una moneda su apellido en una de las paredes de la segunda planta del palacio renacentista de Carlos V.
La acción llamó la atención de otros turistas que observaron lo que hacía y alertaron al personal de seguridad. Los vigilantes lo sorprendieron in fraganti por lo que llamaron directamente al Cuerpo Nacional de Policía, que detuvo al oficial jordano. Le dio tiempo a marcar su apellido y la fecha de la visita, el pasado 13 de agosto, según fuentes policiales. Después pasó un día detenido y ante el juez alegó que desconocía que ese hecho estuviera penado en España, según avanzó ayer el diario Ideal.
Los agentes que lo pusieron a disposición judicial informaron también a la Fiscalía de Granada. El Ministerio Público le atribuye la autoría de un delito contra el patrimonio histórico, según el Código Penal, en base al cual se puede ordenar que corra a su cargo la restauración posible del daño. Se ha encargado un informe pericial para saber con exactitud si excede o no los 400 euros, según fuentes de la Fiscalía. En esa cifra se fija la barrera para que la acción sea considerada delito y no falta. No obstante, al tratarse en este caso de un Bien de Interés Cultural, como es el Palacio de Carlos V, la causa se tramita directamente por el procedimiento ordinario como delito en un juzgado de la capital.
El encargado de investigar los hechos es el Juzgado de Instrucción 5 de Granada. La Policía también se encargó de informar de la detención a la embajada de Jordania en Madrid. El imputado mostró su disposición a pagar los daños antes de que comenzara la instrucción judicial. Sin embargo, cincelar su nombre y la fecha de la visita en una pared de Carlos V no tiene tan fácil solución.
El Patronato de la Alhambra, que denunció lo sucedido, considera "reparable" el daño. La Junta de Andalucía, por su parte, confía en que la negligencia acarree una dura sanción para que el caso sirva de ejemplo. "No podemos permitir este tipo de desmanes", manifestó ayer el delegado de Cultura en Granada, Pedro Benzal. El caso continúa en instrucción y la visita turística puede llegar a costarle al militar un juicio.
Fuente: El País
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