Una sentencia establece que llevarse hierros de los restos del distrito minero de Linares es un ataque contra bienes de valor histórico y cultural
La magistrada María del Carmen Carpio Lozano, titular del Penal 2 de Jaén, ha condenado a un año y tres meses de prisión a Martín G. V. y Álvaro M.G., a los que la Guardia Civil sorprendió cuando intentaban llevarse una viga metálica de un puente de las minas de Linares cortada a trozos para venderla al peso. La pena se les impone por el delito tentativa de hurto de bienes de valor histórico y cultural en concurso con un delito de daños. Al fin la Justicia castiga como delito contra el Patrimonio el expolio de los restos mineros, que en sentencias anteriores se penaba como robo de chatarra común.
Los acusados, según recoge una sentencia que aún no es firme y contra la que cabe recurso, considera probado que los acusados, puestos de común acuerdo, fueron el 1 de septiembre de 2011 a un puente metálico que une los pozos mineros de San Vicente y Pozo Rico. El puente por el que en la época de esplendor de las minas circulaban vagonetas cargadas de plomo y plata. Tanto San Vicente como Pozo Rico (los pozos y sus instalaciones) «se encuentran inscritos en el catálogo general del Patrimonio Histórico Andaluz», según recoge el fallo judicial.
Una vez en el puente, los acusados usaron un soplete para cortar la viga y trocearla. Lo hicieron a plena luz del día, pues la sentencia establece que eran las 12,00 cuando llegó la Guardia Civil y los cogió con las manos en la masa.
El valor de la viga, según tasó un perito, asciende a 649 euros y los daños causados en la instalación minera para arrancar la viga ascienden a más de mil euros.
En el juicio declaró un técnico del Ayuntamiento de Linares que explicó «con rotundidad y contundencia» que «la viga dañada es Patrimonio». Es decir, que más allá de cortar con un soplete y llevarse a trozos un trozo de Historia de Linares para venderlo al peso como chatarra.
Mucho en juego
En torno al patrimonio minero de Linares hay iniciativas de interés turístico y un expediente para que sea declarado incluso Patrimonio de la Humanidad. Sin embargo, durante años ha sido sometido a un expolio implacable en busca de metales.
El celo de la Guardia Civil en la protección de los restos mineros y el interés de la sección de la Fiscalía -con su sección especializada en la protección del Patrimonio al frente de la cual está Isabel Uceda- está consiguiendo revertir la impunidad existente hasta ahora. Los agentes del Instituto Armado han conseguido numerosas detenciones y denuncias entre chatarreros que expoliaban los restos mineros. Fiscalía ha puesto empeño en llevarlos a juicio como expoliadores, no como ladrones de simples hierros que llevar a las chatarrerías.
Sentencias anteriores en casos muy parecidos al de la viga del puente metálico evidencian que había dificultad a la hora de demostrar en un tribunal que los restos mineros son patrimonio. Hay causas judiciales «vivas» en la provincia de Jaén en las que cuando se le ha pedido a Cultura (la misma que protegió los restos) que acredite su valor la respuesta es que «no hay disponible ningún perito que pueda hacer una valoración de los daños». En esta ocasión Fiscalía pudo conseguir el testimonio de un técnico municipal que convenció al tribunal, que incluso en la sentencia atribuye un papel «principal» a su declaración.
Fuente: Ideal
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