La Fiscalía General del Estado se hace eco en su memoria de 2013 del reducido número de procedimientos que se tramitan por la vía penal en materia de patrimonio histórico. “En ocasiones, el problema reside en la inactividad de la Administración que está obligada a proteger tales bienes y no lo hace”, se apunta en la memoria, que alude a las quejas presentadas en este sentido desde las fiscalías de Huelva y Sevilla. Estas atribuyen parte del problema a la limitada remisión de denuncias o expedientes administrativos por parte de la Delegación provincial de Cultura de la Junta de Andalucía.
Las excavaciones ilegales son otras de las principales amenazas de las zonas arqueológicas. “Pero se suscitan problemas a la hora de imputar habida cuenta de la desidia de la Administración al no hacerse generalmente un inventario en la carta arqueológica o ante la falta de señalización de los yacimientos”, se indica en la memoria de la fiscalía.
Por el contrario, las actuaciones para castigar las pintadas con grafitis sobre bienes de valor histórico sí que ha aumentado en los últimos tiempos. No obstante, el ministerio público cree que este incremento se debe a las campañas para la erradicación de esas pintadas puestas en marcha desde diversas fiscalías, entre ellas la de Granada.
La Fiscalía de Cádiz valora una condena por el uso de aerosol de pintura sobre diversos monumentos de la ciudad. Mientras que la de Huelva pide que este tipo de conductas se consideren delictivas. “No constituye una solución proporcionada, justa y eficaz incardinar el tema en la falta de deslucimiento de inmuebles del artículo 626 del Código Penal”, subraya la fiscalía onubense.
Las leyes penales tan solo establecen multas de 10 a 20 días a los que causen daños en el patrimonio cuyo importe no exceda de 400 euros. Las penas pueden ir de uno a tres años de prisión cuando los daños se producen en bienes de valor histórico artístico o en yacimientos arqueológicos.
El fiscal superior del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Jesús García Calderón, ya se mostró partidario de endurecer las penas por delito de patrimonio. “Es la única manera de asegurar una protección suficiente del llamado patrimonio oculto, tan frecuente entre los bienes arqueológicos, incluida la arqueología subacuática, o de omitir actuaciones poco diligentes de las distintas administraciones culturales”, indicó García Calderón, quien abogó también por incluir como nuevas tipologías penales las excavaciones ilegales.
Fuente: El País
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