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miércoles, 14 de agosto de 2013

Del hurto al delito contra el patrimonio, la clave: inventariar


Cádiz, esa capital con ritmo de pueblo, también tiene sus casos sonados. Y no solo por los malos de manual. La Operación Micenas es un ejemplo de la mayor operación de delitos contra el patrimonio histórico. Una investigación de agradecer en una ciudad con un ingente patrimonio pero que sufre un mal generalizado: la falta de protección. No se trata, precisamente de que no exista un corpus legislativo que proteja a las obras de arte. Más bien el problema se encuentra en el muro que encuentra la Policía Nacional para desarrollar sus pesquisas si particulares o instituciones públicas no denuncian este tipo de delitos. En Cádiz, la UDEV cuenta con un delegado de la Brigada del patrimonio Histórico, el mismo que se encargó de investigar y recuperar buena parte de las obras sustraídas de la Biblioteca Municipal. Sin embargo, aún queda camino por recorrer en lo que se refiere a denuncias ciudadanas que frustren robos y expolios.
En todo estos casos los habituales propietarios de los bienes culturales (instituciones públicas e Iglesia) están obligados por Ley a la correcta conservación, protección y custodia de dichas obras. De ahí la importancia de inventariar estos bienes. La descripción pormenorizada de la pieza, junto a fotografías de la misma, son claves para que, posteriormente, la Policía pueda realizar sus investigaciones. En Cádiz, además se suma la complejidad que traen los yacimientos arqueológicos subacuáticos, a merced de expolios.
Además, la Policía centra su trabajo en mercadillos callejeros, donde buscan posibles piezas artísticas robadas. En este sentido, hay una diferencia sustancial en el caso de robos de patrimonio. Así, solo se consideran delitos contra el patrimonio histórico aquellos bienes que estén inscritos en catálogos generales de bienes muebles e inmuebles, especialmente aquellos que gozan con la máxima protección: Bien de Interés Cultural. En este sentido, esta figura jurídica blinda la pieza de cara a su conservación y a posibles atentados y robos. De hecho, un robo o daño producido a un BIC es considerado como un delito contra el patrimonio histórico (penado con mayores multas), mientras que en aquellas obras no protegidas, en caso de robo, el delito es tipificado como simple hurto. De ahí que, el responsable de la Brigada de Patrimonio en Cádiz, aconseje la protección junto al inventariado como las fórmulas más eficaces para disuadir a los cacos o, directamente resolver las sustracciones.