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miércoles, 5 de diciembre de 2012

La jueza avala a los arqueólogos que detectaron el expolio de una ermita en Zaragoza



Dictamina que actuaron de forma correcta al localizar restos medievales. Los dueños de la finca enviaron sillares de Sos a Azagra para erigir un nuevo templo.


La magistrada del Juzgado de Primera Instancia número 11 de Zaragoza ha avalado el trabajo de los cuatro veteranos arqueólogos que en 1993 dataron la existencia de restos de un poblado romano en Sos del Rey Católico y que, en el 2010, ratificaron su existencia y alertaron de lo que resultó ser el traslado de sillares de una ermita medieval a Azagra para construir una ermita.
Los restos se hallaban en los parajes de Las Pardinas y El Caserío, en el pueblo de Vico. Hace dos años, el Ayuntamiento de Sos suspendió, por falta de permisos municipales, los trabajos de desmontaje de sillares y exigió a sus dueños aclarar a dónde iban a ser trasladados.
Uno de los arqueólogos demandados vio cómo alguien derribaba paredes y cargaba en un vehículo las piedras. Advirtió a sus superiores en la DGA y estos alertaron a la Guardia Civil, cuyos efectivos levantaron un atestado con un extenso reportaje fotográfico de los trabajos.
Meses más tarde, tres miembros de la familia propietaria --los Salvo Salanova-- presentaron una demanda en la que, reclamaban 50.000 euros por "los daños materiales y morales causados" por el parón de la obra y pedían al juzgado que declarara que los arqueólogos --defendidos por el abogado José María Viladés-- incurrieron en "ilegalidades, faltas de verdad y falta de diligencia" al catalogarlos. Sostenían que copiaron "publicaciones erróneas recientes sin contrastar".
SENTENCIA Pedían la indemnización al considerar "culposa o negligente" la actuación que llevó a incluir los terrenos en cuestión en la Carta Arqueológica de Aragón y a registrar la existencia de los restos en el Plan General de Ordenación Urbana de Sos.
La magistrada descarta los trabajos de los arqueólogos en Vico "puedan ser origen o generadoras de riesgo alguno" y rechaza que debieran pedir permiso a los dueños de las fincas. La legislación "ni exigía ni exige en la actualidad, ni conocimiento ni autorización de los propietarios del terreno a explorar".
La jueza anota que si los Salvo "entienden que la documentación empleada (...) es incorrecta o infundada, deberían dirigir sus reclamaciones contra los autores de dichos trabajos, no contra los arqueólogos". Y añade que no es de ellos, sino de la DGA, la potestad de incluir los restos en la Carta. "La normativa actual no faculta al arqueólogo para dar de alta un yacimiento".


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