Carlos Varela, fiscal superior de Galicia: El caso del Códice Calixitino está "agotado", lo que realmente importa ahora es que el robo ha dejado al descubierto unas "deficiencias que la Fiscalía debe corregir"

Los ladrones se apoderan en cada expolio de un botín cifrado entre los 2.000 y los 3.000 euros

Asegura que los bienes culturales de las iglesias de la Comunidad Autónoma - que constituyen entre el 70 y el 75% de todo el patrimonio histórico-artístico gallego- viven una “situación de alerta” y “déficit de seguridad”.

La Fiscalía presentará al Parlamento de Galicia a finales de año la propuesta ‘Iglesia Segura – Cultura protegida’, un protocolo “que establece las líneas básicas de actuación para la protección del patrimonio histórico-artístico de la Iglesia”.

Desde la Xunta de Galicia reiteran su acuerdo con esta propuesta e indican que “se ha estado colaborando y se continuará colaborando con este proyecto impulsado por la Fiscalía de la Comunidad Autónoma”.

Apenas un mes y 20 días después de haberse perpetrado el que ya ha sido clasificado en los anuarios de efemérides como ‘el robo del siglo’ –aquel mediante el cual el clan de los Castiñeiras se apoderó de un denso botín en el que resaltaba el Codex Calixtinus-, la ciudad amurallada de Lugo vivía un contratiempo similar. Una o varias personas accedían a los dominios de la Catedral lucense aprovechando la estructura metálica que revestía a la misma, por causa de unas obras de rehabilitación de la fachada de la basílica. El intento de robo en el Museo Catedralicio, quedó a fin de cuentas en eso, un intento frustrado. Los ladrones, pese a poder haberse adueñado de piezas de valor incalculable, se fueron con las manos vacías tras causar varios desperfectos, pues todo apuntó –en aquel momento- a que el móvil de su asalto era única y exclusivamente crematístico.

Sin ir más lejos, la provincia de Lugo registró durante seis meses de 2010 desfalcos a 30 templos sitos alrededor de su geografía. Unos saqueos que poco tienen que ver con la exclusiva motivación vandálica, y que conseguían levantar en cada motín cantidades comprendidas entre los 2.000 y los 3.000 euros. Estos datos no son anecdóticos, el comercio clandestino del arte ocupa el tercer lugar en el tráfico ilícito mundial, solamente superado por el comercio armamentístico y el narcotráfico. Hace ahora tres meses, Corme, un pequeño pueblo situado en la abrupta y desafiante Costa da Morte gallega, era noticia. El portalón de la Iglesia de San Adrián aparecía forzado y de su interior expoliados un copón bañado en oro, candelabros y un atril –ambos metálicos-, indispensables todos ellos para la realización de los oficios. Un conjunto que alcanzó un montante de unos 1.000 euros. Tras el acontecimiento, el párroco de la zona declaraba que la mayor pérdida no eran los objetos de valor, sino las hostias consagradas que se habían llevado, una anécdota que habla por sí sola de los niveles a los que llega el desvalijamiento del clero. La solución adoptada por los eclesiásticos, fluctúa entre dos vertientes. O bien clausurar el santuario, o bien cerrar el templo a cal y canto, sin dejar objetos de valor en su interior, algo que socava en demasía una tradición cristiana milenaria y arraigada en las tierras galaicas.

A estos robos en pequeñas localidades del rural gallego –no por ello robos pequeños- son a los que hace referencia Carlos Varela, fiscal superior de Galicia, cuando habla de la “situación de alerta” y “déficit de seguridad” que viven los bienes culturales de las iglesias de la Comunidad Autónoma. “Es una evidencia que las Iglesias del rural no son seguras”, dice, y los bienes culturales de carácter religioso “que constituyen entre el 70 y el 75% de todo el patrimonio histórico-artístico que hay en Galicia, es muy expoliado”.

Cuando es interpelado acerca del robo del manuscrito de la Catedral de Santiago, Varela asegura que ahora mismo -una vez recuperada la valiosa pieza-, el caso del Códice Calixitino está “agotado” y que solo queda esperar la resolución de las “vicisitudes normales y rutinarias” de todo proceso penal. Acerca del examen psicológico practicado a Manuel Fernández Castiñerias, que ahora mismo mantiene el proceso en vilo, asegura que se debe colegir “si esta persona presenta algún desequilibrio o trastorno mental, lo que influiría en la posible aplicación de una circunstancia modificativa de responsabilidad penal”. Sin embargo insiste en que el desarrollo de este procedimiento es “rutinario” y lo que realmente importa ahora es que el robo del Códice ha dejado al descubierto unas “deficiencias” en el sistema de protección del patrimonio de la Iglesia “que la Fiscalía debe corregir”.

“Manuel Fernández Castiñeiras era un hombre de confianza para la Catedral, quizás sea este tipo de individuos los de mayor peligro ya que pueden abusar de la posición privilegiada que poseen”, apunta. Además, el robo del manuscrito puso de manifiesto la recuperación de objetos que la Iglesia no había echado en falta. “Al carecer de un inventario no sabes lo que tienes, es el pilar básico de toda protección”, categoriza Varela.

Iglesia Segura – Cultura Protegida

El departamento que dirige -la Fiscalía de la Comunidad Autónoma- lleva más de un año trabajando –en colaboración con otros organismos como la Xunta de Galicia, la Policía Judicial, o la propia Iglesia a través de reuniones periódicas- en la redacción de un protocolo “que establece las líneas básicas de actuación para la protección del patrimonio histórico-artístico de la Iglesia”. Fruto de este trabajo mimado y estudiado al detalle, la Fiscalía presentará al Parlamento de Galicia a finales de año –dentro de su memoria relativa al ejercicio de 2011- la propuesta ‘Iglesia Segura – Cultura protegida’, en materia de seguridad preventiva contra la delincuencia relacionada con los objetos religiosos. Este modelo de buenas prácticas para la salvaguarda del patrimonio eclesiástico se estructura en torno a 5 ejes principales: inventario, registro y catalogación de bienes; elaboración de un cuestionario para la evaluación de riesgos de seguridad; elaboración policial de un manual básico de seguridad que identifique las vulnerabilidades y modus operandi criminales mas frecuentes; realización de acciones de formación en prevención criminal y vigilancia en las iglesias; y elaboración de un protocolo del ‘Proyecto Iglesia Segura’.

Para Varela, ‘Iglesia Segura’ representa un documento “de gran valor” en el que destaca el plan de prevención delictiva “en relación con el arte sacro, tanto mueble como inmueble, de la Iglesia”. Del mismo modo, es digno de mención el “manual de seguridad con recomendaciones sobre los métodos empleados por los ladrones en este tipo de sucesos, para que los párrocos y sacerdotes sepan como actuar en cada caso”, añade. “Es esencial que todo este material se encuentre informatizado a través de inventarios on-line y bases de datos de objetos sustraídos. De este modo si el ladrón decide vender su artículo en un anticuario, el comprador ya no podría actuar de buena fe. Pondremos a su disposición un link que almacena las noticias sobre los robos que han salido en los periódicos para que conozcan las circunstancias en que se produjo esa situación y puedan identificar los objetos”.

La génesis del proyecto, según Varela, “parte de la idea de implantar en la comunidad una estrategia coordinada, pragmática, pedagógica y eficaz que nos permita prevenir esta clase de delitos y evitar que vuelvan a suceder”. La voluntad del programa Iglesia Segura descansa en la protección de todos los bienes culturales de la institución eclesiástica “especialmente los localizados en el rural, debido a la situación urgente que padecen”. “El robo de retablos, campanas, copones o imágenes en estas áreas es común”, apunta. Sin embargo reconoce que el robo del Códice Calixtino el pasado 5 de julio de 2011 “nos conminó a actuar con premura, acelerando los pasos a dar”.

Compromiso del Gobierno Central

El pasado 8 de julio de 2012, el jefe del Ejecutivo central, Mariano Rajoy, presidió el acto de entrega del Códice Calixtino por parte de la Policía Nacional a las autoridades religiosas. En él, el presidente de España anunció la próxima firma de un convenio de colaboración entre Gobierno central, Xunta de Galicia y Arzobispado de Santiago para reforzar la seguridad.

Respecto a estas declaraciones, Carlos Varela confía en la voluntad del Estado para sacar adelante el programa y que aquel comentario no quede reducido “a meras palabras para salir del paso”. Por parte de la Fiscalía, insiste, “presentaremos el proyecto de protección de los bienes culturales de la Iglesia en el Parlamento, para que después quien esté interesado se involucre y lo aplique”. “El Gobierno debe percatarse de que es un documento de valor incalculable y con mucho trabajo detrás, inspirados no en ocurrencias ni invenciones, sino en documentos internacionales que establecen este tipo de planes de intervención”. No obstante Varela, consciente de la situación actual, prefiere ser cauto y reconoce que “implementar este proyecto requeriría ciertas inversiones para sufragar los medios materiales necesarios que en este momento, no sé si el Gobierno estará dispuesto a ejecutar”.

Desde la Xunta de Galicia reiteran su acuerdo con esta propuesta e indican que “se ha estado colaborando y se continuará colaborando con este proyecto impulsado por la Fiscalía de la Comunidad Autónoma”. Fuentes cercanas consultadas aseguran que en este momento “parece que le corresponde a la Iglesia tomar el testigo para que concurran todas las voluntades hacia la concreción de un plan tan ambicioso que regula la protección integral del patrimonio eclesiástico”. “En cualquier momento quizás la Iglesia de un paso al frente y se firme el protocolo”, afirman.

Fuente: Entraconfidencial